Renovación Popular vulnera derechos de niñas y adolescentes
MILAGROS JAUREGUI DE AGUAYO Y RENOVACIÓN POPULAR UTILIZAN A LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS VULNERANDO SU DIGNIDAD
¡ODIAN A LAS MUJERES Y ODIAN A LAS INFANCIAS!
¡No basta la indignación, acciones legales URGENTES!
Desde Es Momento REPUDIAMOS el accionar de la actual congresista y postulante al Senado, Milagros Jauregui de Aguayo, quien ha expuesto públicamente a niñas embarazadas (algunas ya con sus hijos en brazos) instrumentalizando sus cuerpos y sus historias de violencia sexual con fines políticos e ideológicos. Exhibir a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual como si fueran trofeos no solo es una forma de violencia psicológica, sino una afrenta a su dignidad más aún al encontrarse en condición de desprotección.
Este escenario se agrava en un contexto político e institucional que, en lugar de garantizar la protección integral de la niñez, tolera prácticas que las re-victimizan y estigmatizan. Además, Jáuregui afirmó públicamente dirigir un albergue donde niñas de entre 10 y 13 años son acogidas para llevar sus embarazos hasta el parto y viven un proceso de coacción para generar un vínculo directo con su gestación y posible maternidad, sin información adecuada de posibilidades de adopción, incentivando la narrativa que esa es la única opción para ellas, poniendo en riesgo su vida, integridad y posibilidad de desarrollo pleno como parte de sus derechos a una niñez y adolescencia libres de violencia.
La normalización de estas prácticas plantea serias dudas sobre la legalidad, fiscalización y enfoque de protección de dichos espacios. Asimismo, la derivación a albergues religiosos para suplir la limitada capacidad y presupuesto de los Centros de Acogida Residencial (CAR) del MIMP sustituye la obligación estatal de prevenir, sancionar y reparar la violencia sexual por una lógica de control moral sobre el cuerpo y la vida de las niñas, configurando una grave forma de violencia institucional y evidenciando la inacción del Estado frente al interés superior de la niñez.
Ante ello:
1.- Exhortamos al Fiscal de la Nación que inicie de manera inmediata una investigación penal contra la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, en su condición de responsable del centro de acogida “Casa del Padre”, ante la existencia de indicios razonables de la comisión de prácticas institucionales destinadas a impedir, restringir u obstaculizar el acceso de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual a una atención integral en salud y elección libre de violencia. Resulta imperativo determinar si, por acción u omisión, se vulneraron derechos fundamentales y se incumplieron obligaciones legales vinculadas a la protección de las víctimas, incluida la aplicación del aborto terapéutico cuando correspondía conforme a la ley. Asimismo, se requiere una actualización sobre los reportes de adolescentes desaparecidas difundidos en los medios de comunicación.
2.- Exigimos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que interponga la denuncia correspondiente contra la congresista y postulante al senado, Milagros Jáuregui por la presunta contravención de los derechos fundamentales de las niñas víctimas de violencia sexual, en abierta vulneración de las obligaciones establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes y demás normas de protección especial, así como brindar información detallada sobre los procesos de derivación a los CAR privados.
3.- Exigimos al Congreso de la República que, en el más breve plazo, disponga el inicio de una investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra Milagros Jáuregui, por la instrumentalización de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual con fines políticos, en abierta vulneración de los principios de ética parlamentaria y de protección reforzada de la niñez, toda vez que ha legislado para la aprobación de leyes que benefician directamente suss actividades económicas y políticas, beneficiándose de la vulnerabilidad de miles de niñas y adolescentes en el país.
4.-Exigimos la inmediata destitución de Milagros Jáuregui de Aguayo como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, no solo por contar con un evidente conflicto de interés sobre la materia, sino porque ha demostrado usar su cargo para legitimar prácticas que vulneran derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
5.- Exigimos que la Defensoría del Pueblo cree una comisión ad hoc y active un protocolo o mecanismo de supervisión del caso, así como de la situación de los CAR a nivel nacional y de la atención brindada a niñas, niños y adolescentes en dichos establecimientos.
6.- Invitamos a la sociedad civil comprometida con la defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia a mantenernos vigilantes y alertas frente a estas vulneraciones que afectan a la población más desprotegida del país.